La segunda causa de muerte en adolescentes en Chile es el suicidio. Sin embargo, el gobierno de José Antonio Kast disminuyó en un 47 % el presupuesto y en un 75 % la dotación del Instituto Nacional de la Juventud, con programas que incluyen la salud mental y la prevención del suicidio.
Es parte de lo que expuso la delegación chilena de organizaciones que acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Acusan desmantelamiento del Estado y despidos arbitrarios de funcionarios públicos que afectan derechos sociales, entre ellos, salud, educación y trabajo.
En menos de 4 meses el gobierno ha eliminado programas para víctimas de la dictadura y el estallido social, y también para esclarecer adopciones irregulares de niños que fueron vendidos al extranjero, en décadas pasadas.
Denunciaron también que el gobierno ha instruido al Programa de Derechos Humanos para que no se presenten o desistan en 20 causas por solicitudes de criminales de lesa humanidad para conseguir la libertad anticipada o beneficios carcelarios. Dos agentes ya han conseguido su libertad. A esto le llaman “indultos pasivos”.
El Estado habló de eficiencia fiscal y rechazó las acusaciones. Al final de la audiencia, la representante del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU tomó la palabra. Esto es parte de lo que dijo:
Las organizaciones solicitaron a la CIDH que mantenga seguimiento reforzado, que solicite información periódica y que venga a hacer una visita in situ a Chile para conocer la situación de los derechos humanos en el país durante el gobierno de José Antonio Kast. La comisión decidirá esto en los próximos días.
Beatriz Michell, Santiago de Chile.
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