Yousef al-Manasif, detenido en 2017 y acusado de varios delitos, entre ellos participar en manifestaciones de la minoría chií y asistir a funerales que las autoridades saudíes calificaron de protestas, fue condenado a muerte por el Tribunal Penal Especializado, un órgano judicial opaco creado específicamente para juzgar casos relacionados con el terrorismo.
De acuerdo con The Guardian, el Tribunal Supremo saudí habría ratificado la pena de muerte impuesta a Al-Manasif, una decisión que podría dejarle sin su último recurso para evitar la ejecución.
En este sentido, la organización de derechos humanos Reprieve denunció el jueves que Al-Manasif fue torturado y obligado a firmar una confesión falsa. Además, no se reunió por primera vez con el abogado designado por el Estado hasta 2022, cinco años después de su detención.
Por su parte, Duaa Dhainy, asesora de Reprieve y de la Organización Europea Saudí para los Derechos Humanos, declaró que la familia de Al-Manasif, que ha evitado pronunciarse públicamente por temor a sufrir acoso o ser detenida por las autoridades saudíes, “ahora no puede hacer nada más que esperar”.
En abril, el régimen saudí ejecutó a Ali al-Subaiti junto con su tío, Mustafa al-Subaiti, por delitos “terroristas” no letales que habría cometido cuando tenía apenas 12 años.
Arabia Saudí ha registrado un aumento “aterrador” de las ejecuciones bajo el mandato del príncipe heredero, Mohamad Bin Salman, según denuncian activistas. Solo el año pasado, el reino ejecutó a 356 personas, una cifra récord.
Según la organización Reprieve, Arabia Saudí ha ejecutado desde 2015 a al menos 17 personas por delitos que presuntamente cometieron cuando eran menores de edad.
En 2020, Arabia Saudí abolió la pena de muerte por delitos cometidos durante la minoría de edad. Sin embargo, desde entonces ha mantenido condenas a muerte contra personas por delitos que presuntamente cometieron cuando eran menores, lo que pone en entredicho el alcance de la medida.
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