• Detrás de la Razón: Más armas para Israel en medio de su agresión a Palestina
miércoles, 19 de mayo de 2021 19:52

Año 2016: El mayor acuerdo de ayuda militar de la historia estadounidense fue firmado. Bajo el mismo, EE.UU. se comprometió a entregar unos 3800 millones de dólares anuales al régimen de Israel, entre la década de 2018-2028.

El nuevo acuerdo superó en un 26 % el compromiso que había estado vigente desde 2007. De esta manera, Israel se convirtió en el primer aliado estadounidense en recibir los cazabombarderos F-35 de quinta generación.

No ha sido ningún secreto que en los últimos años numerosas organizaciones de derechos humanos le han pedido a Washington que reevalúe su política de ayuda militar a Tel Aviv por considerar que esta contribuye a la agresión a Palestina.

Año 2021: Según fuentes a las que accedió el diario The Washignton Post, la Administración de Joe Biden aprobó una venta de armas a Israel por unos 735 millones de dólares. Dicho acuerdo, habría sido notificado por el Gobierno al Congreso el 5 de mayo.

Una semana antes de que comenzara la escalada de agresiones de Israel contra Palestina. Ya es bien conocida la política de soporte al régimen israelí por parte de la potencia norteamericana.

Lo contradictorio resulta en: ¿Por qué la nación que por mucho tiempo se ha presentado como la policía del mundo y defensora de los DD.HH. y las libertades pone en marcha un acuerdo de este tipo, mientras siguen muriendo numerosos civiles indefensos en medio del conflicto?

Mientras, el tiempo avanza, un alto el fuego no llega, desde la Organización de las Naciones Unidas (ONU) es muy poco lo que se ha hecho para evitar más derramamiento de sangre.

Civiles palestinos, más que israelíes, siguen muriendo, la Resistencia palestina se defiende, pero es evidente que el equilibrio de fuerzas en el ataque no es el mismo.

En esta edición de Detrás de la Razón, por HispanTV, pondremos el foco del debate, junto a nuestros expertos en la materia, en este acuerdo de Washington, sobre el cual el Gobierno está obligado a notificar al poder legislativo y, habitualmente, no trasciende hasta que el Congreso le haya dado un visto bueno informal.

Por Danny Pérez Díaz

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