Foro Abierto: Colombia; la Jurisdicción Especial para la Paz

La objeción de Iván Duque a 6 artículos de la JEP ha vuelto a colocar la implementación de los acuerdos con las FARC en el centro del debate político colombiano.

El rechazo temporal de la Corte Constitucional de Colombia a un pronunciamiento sobre las polémicas objeciones del presidente del país, Iván Duque, a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se ha convertido en el más reciente capítulo de la implementación de los acuerdos con la otrora guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

El alto tribunal colombiano ha señalado que no se pronunciará hasta que el Congreso no debata los puntos de la ley de la JEP que el mandatario objetó el pasado 10 de marzo y que están relacionados con el resarcimiento económico a las víctimas, la suspensión de procesos de extradición, la elaboración de las listas de los exguerrilleros que pueden someterse a la Justicia Especial y el papel que deberá jugar la justicia ordinaria frente al funcionamiento de los tribunales especiales.

De este modo, el futuro de la JEP queda en manos del Congreso, donde el presidente colombiano y su partido Centro Democrático intentarán a toda costa hacer prevalecer su estrategia.

Mientras, en varias ciudades los colombianos han salido a las calles a manifestarse en favor de la JEP y para criticar lo que consideran una evidente barrera de Iván Duque, diseñada por el exmandatario Álvaro Uribe.

Enrique Santiago, asesor del equipo negociador de las FARC y secretario general del Partido Comunista de España (PCE), recuerda que el 80 % de la violencia ha desaparecido en Colombia desde el inicio de la implantación del acuerdo de paz, lo que ha sido señalado como un ejemplo por la comunidad internacional. Desandar ese camino con las objeciones a la JEP es grave.

Jesús Carabalí, máster en Ciencias Políticas en el Instituto de Altos Estudios Europeos e investigador social, subraya que es el Estado el que debe crear los mecanismos para reparar a las víctimas. Las FARC han cumplido en la dejación de armas, en someter a los combatientes en unos lugares específicos. Quien no ha cumplido hasta ahora es el Estado colombiano y las objeciones de Duque son otra muestra de ello.

Fernando Díaz Villanueva, periodista, considera que con las objeciones que ha planteado Duque no se aleja en absoluto de la intención de concretar la paz. Lo que está buscando es que sean limados algunos de los excesos que se cometieron, curiosamente en beneficio de una guerrilla que ha hecho de la vida en Colombia un infierno y que con la JEP se podrían “ir de rositas”.

José Luis Urosa, abogado, dice que lo que está encima de la mesa ahora mismo es que con la JEP se ha generado un régimen especial, excepcional, innegable y la intención de Iván Duque es filtrar esa opción porque hay personas que delinquieron en la época de la guerra y no están siendo ni perseguidos ni extraditados. Eso es irracional y está fuera del derecho.

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