Detrás de la Razón: Colombia: zona roja para los Derechos Humanos

“Sin justicia y sin respeto por los derechos humanos no puede haber paz”. Irene Khan, abogada bangladeshí y ex secretaria general de Amnistía Internacional.

El temor vuelve apoderarse de los colombianos, y su imagen ante el mundo parece recobrar una semblanza de la Colombia de la década de los 80 y 90, cuando era noticia por las bombas, los asesinatos y la violencia perpetrada por el narcotráfico.

A mediados del año 2020, el relator especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Michel Forst, presentó un informe ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, en el que sentenció que Colombia es el país de América Latina con más asesinatos de activistas de las garantías fundamentales. Una información corroborada tras su visita a la nación suramericana en diciembre de 2018.

Este informe contrasta con las declaraciones que han venido efectuando el presidente Iván Duque y otras autoridades, que han llegado a reconocer el rol de los defensores de los DDHH en Colombia.

Sin embargo las cifras de la realidad han podido más que las declaraciones gubernamentales.

Por ejemplo, pese al descenso en la tasa general de homicidios que ha experimentado el país desde 2011, y que sigue siendo alta, los asesinatos de los defensores de derechos humanos han aumentado desde 2016, según datos de fuentes estatales como la Defensoría del Pueblo, Naciones Unidas y la sociedad civil.

Ahora en lo que va del año, en Colombia se han perpetrado unas 45 o 47 masacres, según fuentes como la fundación Ideas para la Paz (Idepaz) y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

Pero uno de los hechos que más alarma es que las víctimas, en la gran mayoría de los casos, son población civil y en las últimas matanzas ocurridas en agosto han sido jóvenes y menores de edad.

Lo cierto es que ni la pandemia de Coronavirus, ni el confinamiento a consecuencia de la misma, han frenado el incremento de las masacres.

Por si fuera poco a todo esto se agrega el debate semántico y técnico promovido por el Gobierno Nacional. Llama la atención de los expertos en la materia y la propia comunidad que el mandatario nacional haya instado a no calificar las matanzas como “masacres” sino como “homicidios colectivos”. Un argumento que para muchos incide de manera directa en las cifras de seguridad que presenta como resultados de su gestión.

Si el Acuerdo de Paz firmado en 2016, bajo la administración de Juan Manuel Santos con la extinta guerrilla de las FARC - ahora partido político - había generado gran esperanza y expectativa en muchos sectores, a la fecha esa esperanza se ha diluido progresivamente.

De hecho, según la propia relatoría de la ONU, los defensores de derechos humanos “más expuestos” tras el Acuerdo de Paz son los líderes sociales y comunitarios, los étnicos, y sobre todo los promotores de las políticas derivadas del Acuerdo de Paz, en particular el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos y la reforma agraria, así como los reclamantes de tierra.

Algunos han denominado el 2020 como el año de las masacres. Hasta el momento las masacres registradas en los primeros 8 meses del año, en el territorio colombiano, han dejado un saldo de al menos 188 víctimas, un número superior a todos los registros de los últimos siete años, con el detalle de que aún quedan cuatro meses para cerrar estos 365 días y el aumento de la violencia no da señales de aminorarse.

Lo más preocupante es que la impunidad sigue reinando y promete seguirlo haciendo hasta la fecha.

En Detrás de la Razón, nosotros preguntamos, los analistas contestan y usted en su casa concluye.

Por: Danny Pérez Díaz

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