• Cámara al Hombro - Cárceles indignas en El Salvador
miércoles, 27 de septiembre de 2017 4:41

El sistema penitenciario salvadoreño sufre el resultado del descuido acumulado de muchos años.

Pero también influyen en su situación el impacto de las políticas penales centradas en la represión, en la imposición de penas prolongadas y en la debilidad o ausencia de las políticas de prevención del delito. 

La crisis del sistema penitenciario ha llevado al país a tener una sobrepoblación en sus cárceles mayor al 300 %, lo que dificulta todo proceso de rehabilitación, reeducación y readaptación de la población reclusa, al mismo tiempo que se vulnera sus derechos humanos. 

El sistema penitenciario salvadoreño ha experimentado una profunda crisis como resultado de la desatención estatal que ha prevalecido durante décadas. Impacto que ha sido más notorio con el crecimiento exponencial de la población reclusa, desbordando por mucho la capacidad instalada de las cárceles.

Según datos oficiales, la actual capacidad del sistema está entre los 8 a 10 mil privados de libertad, pero su ocupación ronda los 40 mil.

En 2015, El Salvador tuvo una tasa de criminalidad de 103 homicidios por cada 100.000 habitantes por lo fue considerado el país más violento del mundo. A partir de eso, se implementó una serie de medidas extraordinarias que mantienen en estado de emergencia las seis cárceles que albergan a miembros de pandillas, que significa la suspensión de las visitas de forma absoluta y permanencia en sus celdas las 24 horas del día.

Las medidas extraordinarias restringieron también los mecanismos de verificación dentro de las cárceles. La Procuraduría es el único organismo que tiene acceso a ello.

No obstante, en algunas cárceles se dan programas positivos como el denominado “Yo cambio”, que según la dirección de centros penales, ha beneficiado a 21 mil privados de libertad.

Cambiar las precarias condiciones de las cárceles en El Salvador es una tarea cuesta arriba y tomará mucho tiempo, pero los diferentes analistas entrevistados coinciden en que hay que empezar con acciones concretas, como eliminar el uso abusivo de la prisión preventiva para reducir los altos niveles de hacinamiento.

Así mismo, apuntan con que no basta con la construcción de más recintos, si no ante todo es necesaria una buena organización penitenciaria que garantice el respeto a los derechos humanos de la población reclusa.

akm/ncl/rba

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