Distintas organizaciones vecinales y defensores del medio ambiente han denunciado las intenciones de algunos diputados nacionales por reformar la Ley 21 de 1997 que adopta distintas disposiciones sobre el uso, la conservación y el desarrollo del “suelo canalero”.
Se trata del proyecto de Ley 371 de 2020 cuyas argumentaciones ya fueron declaradas inconstitucionales por la Corte de Justicia panameña en 2015 al formar parte de otra ley adoptada en 2007 a pesar de contener 8 violaciones a la Constitución.
La Constitución panameña considera al Canal Interoceánico, su área de operación y la cuenca canalera como un territorio inalienable, lo que no dejaría margen de movilidad a las intenciones legislativas.
Argumentando un “tratamiento especial” el proyecto propone habilitar una franja de 100 metros en la vía Transístmica para promover actividades comerciales, turísticas y la supuesta generación de empleos.
John Alonso, Ciudad de Panamá.
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