• Urgen políticas para reducir embarazos precoces en Panamá
Publicada: domingo, 10 de febrero de 2019 8:06

En Panamá hay preocupación de que el proyecto de ley 61, que establece programas de educación sexual en escuelas, siga obstaculizado por intereses políticos.

Más aún cuando podría ser una herramienta científica para reducir la incidencia de embarazos en menores de edad, una problemática que mantiene a América Latina con la segunda mayor tasa mundial, después del África subsahariana.

Además de provenir, en su mayoría, de comunidades con necesidades particulares, las niñas y adolescentes panameñas son las principales afectadas tras un embarazo juvenil.

El proceso de readaptación al que son sometidas impacta profundamente la organización de su futuro, pues pocas de ellas vuelven a los estudios tras el parto.

Datos preliminares del Ministerio de Salud advierten que durante 2018, unas 10 mil 440 menores de edad se atendieron en las clínicas de esta institución, sin contar otros organismos como la Caja de Seguro Social o la Asociación Panameña Para El Planeamiento de la Familia (APLAFA), encargada de brindar servicios sociales a personas de escasos recursos.

Esta problemática hace evidente la necesidad de  establecer políticas públicas en materia de educación sexual, sin embargo el proyecto de ley 61 presentado a la Asamblea Nacional (AN) desde el año 2014 avivó el desencuentro de distintos sectores en el país.

Hay quienes consideran que los resultados generales de las próximas elecciones en el país, incidirían directamente en el posible avance de la discusión de este proyecto de ley.

John Alonso, Panamá.

akm/hnb

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