• Omri Lavie (izda.) y Shalev Hulio, fundadores de la firma israelí NSO Group.
Publicada: martes, 14 de febrero de 2017 18:52
Actualizada: martes, 14 de febrero de 2017 19:14

El Gobierno de México ha espiado a periodistas, activistas y defensores de los derechos del consumidor desde 2014 por medio de un software malicioso israelí.

En un informe de Citizen Lab, en colaboración con la oenegé Red en Defensa de los Derechos Digitales, Amnistía Internacional (AI), Artículo 19, Social TIC y Access Now, afirmaron el sábado que un software “altamente sofisticado” fue utilizado para espiar a tres promotores del impuesto a bebidas azucaradas y otras regulaciones que han tenido como objetivo el combate a la obesidad en México.

Las víctimas del espionaje cibernético fueron el doctor Simón Barquera, investigador del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP); Alejandro Calvillo, director de la organización El Poder del Consumidor; y Luis Encarnación, coordinador de la coalición Contra PESO. Los tres activistas recibieron mensajes con contenidos para infectar sus teléfonos móviles con un virus.

Somos personajes incómodos para el Gobierno y la industria refresquera en México, defender el derecho a la salud se ha vuelto un peligro", dijo Calvillo, director de la organización El Poder del Consumidor.

El ‘malware’, producido por el grupo israelí NSO Group, se denomina Pegasus y permite a los piratas digitales escuchar conversaciones telefónicas a escondidas, recolectar mensajes, activar cámaras y acceder a una gran cantidad de datos personales registrados en los teléfonos celulares. Según el grupo denunciante, este sistema se utilizó en 2014 para espiar a periodistas.

La firma israelí NSO Group habría recibido 15 millones de dólares del Gobierno de México a cambio del mencionado software espía, de acuerdo con un informe del portal Web La Verdad Nos Espera.

 

En la cita con los periodistas, Luis Fernando García, de la Red en Defensa de los Derechos Digitales, señaló que "el Gobierno mexicano es un asiduo cliente de esta empresa" israelí.

A su turno, la organización Artículo 19 indicó que "el uso de las capacidades de vigilancia del Estado, especialmente al servicio de los intereses de la industria, es a todas luces reprobable, inaceptable y es un agravio a toda la sociedad".

"Somos personajes incómodos para el Gobierno y la industria refresquera en México, defender el derecho a la salud se ha vuelto un peligro", dijo Calvillo, quien está al frente de una campaña para que se coloquen advertencias sobre los niveles de azúcar en los alimentos procesados, después de que hace varios años México aprobara un impuesto a estos productos.

Las organizaciones que hicieron públicas las nuevas prácticas de espionaje enfatizaron que abrirán una demanda penal ante la Procuraduría General de la República (PGR) y ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para exigir una “investigación seria e imparcial” que les permita identificar y sancionar a quienes resulten responsables del espionaje ilegal que vulnera el derecho a la libre expresión de los agraviados.

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