Son tres los grandes objetivos de la nueva ley de justicia tributaria: la primera es detener los abusos de la empresa privada en concepto de exoneraciones fiscales, la segunda es incrementar algunos porcentajes en los impuestos existentes para no crear nuevos, y la tercera es evitar que el país se convierta en un paraíso fiscal.
El Gobierno hondureño argumenta que las exoneraciones a la empresa privada ascienden a 451 mil millones de lempiras. Un porcentaje mayor al 100 % de la deuda pública.
La empresa privada acostumbrada a controlar el país, ya ha realizado expresiones de rechazo a esta ley de justicia tributaria y acusan al Gobierno de aplicar una persecución en su contra.
La dirigencia del partido Libertad y Refundación, hoy convertidos en Gobierno, históricamente han señalado que 16 familias hondureñas son las beneficiadas con estas exoneraciones y que es tiempo que sean revisadas.
El debate por esta ley llegó al seno del gabinete de Gobierno de la presidenta Castro, donde un secretario de Estado y a la vez empresario, rechaza la medida.
En Honduras los empleados asalariados realizan el pago de sus impuestos bajo una tabla de porcentajes, confirmando que la clase media y baja aporta de sus pocos ingresos a las arcas del Estado.
Dassaev Aguilar, Tegucigalpa
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