• El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Honduras, David Matamoros, 28 de noviembre de 2018.
Publicada: domingo, 3 de diciembre de 2017 16:50
Actualizada: lunes, 4 de diciembre de 2017 8:46

Honduras confía en que se reanude el recuento de actas para definir finalmente al presidente electo de un país que se halla bajo un estado de toque de queda.

El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), David Matamoros, ha dicho que está a la espera la jornada de hoy, en el organismo, de la llegada de los dirigentes del opositor Alianza de Oposición Contra la Dictadura, que postula a Salvador Nasralla, para escuchar sus reclamos sobre supuestas irregularidades en el lento conteo de votos.

Matamoros pretende alcanzar un acuerdo con ellos para revisar 1006 actas de las votaciones del pasado domingo 26 de noviembre que tienen inconsistencias, como errores en la suma de votos, falta de firmas de los miembros de la mesa de sufragio o borrones.

El recuento fue suspendido por primera vez el viernes porque el líder del citado partido opositor, el expresidente hondureño Manuel Zelaya había enviado al TSE una misiva en la que solicitaba cotejar las copias de 5174 actas que, a juicio de la Alianza, debían verificarse para ver si coinciden con las que el ente electoral subió al sistema de cómputo.

 

Zelaya advirtió también de que la Alianza requiere la revisión de actas y votos de tres departamentos por dudas de presuntas irregularidades. El escrutinio se suspendió por segunda vez el sábado debido a la ausencia de observadores y representantes de la Alianza de Oposición.

Tras los comicios de la semana pasada, Honduras ha estado prácticamente paralizado debido a las manifestaciones de los simpatizantes del citado candidato opositor, quien denuncia que las actas electorales han sido manipuladas a favor del actual presidente, Juan Orlando Hernández.

El viernes, el Consejo de Ministros de Honduras suspendió varias garantías constitucionales y decretó el estado de excepción, así como el toque de queda, que regirá durante diez días, para controlar las movilizaciones opositoras, en las que han muerto siete personas, conforme a medios locales.

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