• Los senadores estadounidenses, Robert Menéndez (izda.) y Marco Rubio.
Publicada: viernes, 6 de diciembre de 2019 6:11

Dos senadores estadounidenses presentaron un proyecto de ley para extender las sanciones contra ciertos funcionarios del Gobierno venezolano hasta 2021.

“Esta legislación es un claro mensaje para Nicolás Maduro (presidente venezolano) y su régimen criminal de que se les harán rendir cuentas por sus actos atroces”, ha declarado en un comunicado emitido el jueves, el legislador demócrata Bob Menéndez, quien junto al republicano Marco Rubio presentó el proyecto.

Mientras que siga en el poder Maduro, “no existe una alternativa en la cual se levante ningún tipo de sanción contra estos individuos”, ha proseguido Menéndez acusando al Gobierno venezolano de violaciones de derechos humanos en el país.

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De esta manera Rubio y Menéndez se refirieron a la Ley para la Defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil en Venezuela, que vence el 31 de diciembre. No obstante, el proyecto debe ser aprobado tanto por el Senado como la Cámara de Representantes para que la extensión sea autorizada.

Esta ley fue aprobada por el Congreso de EE.UU. en 2014 durante la Administración del expresidente Barack Obama.

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Esta legislación es un claro mensaje para Nicolás Maduro (presidente venezolano) y su régimen criminal de que se les harán rendir cuentas por sus actos atroces”, ha declarado el legislador demócrata Bob Menéndez, que junto al republicano Marco Rubio presentaron un proyecto de ley para extender las sanciones contra Venezuela hasta 2021.


Desde que Washington reconociera en enero de 2019 al líder opositor venezolano Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, el mandatario estadounidense, Donald Trump, ha impuesto sanciones contra entidades vinculadas al Ejecutivo de Maduro, además de restringir el comercio de petróleo y oro venezolanos.

El pasado 5 de agosto, la Casa Blanca dio un paso más al congelar todos los bienes del Estado venezolano en territorio estadounidense y aplicar también lo que se denominan ‘sanciones secundarias’ contra empresas e individuos que, de manera directa o indirecta, hagan negocios con el Gobierno venezolano.

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Con esta guerra económica, que se ha endurecido en los últimos años, Washington busca generar descontento entre el pueblo venezolano, en un intento fallido por provocar un golpe de Estado y forzar el derrocamiento de Maduro.

El Gobierno de Caracas ha tachado de terrorismo económico las sanciones estadounidenses, pues están repercutiendo negativamente en la población. Pero ha asegurado que luchará con toda su fuerza y con el apoyo de sus aliados para neutralizar los complots golpistas de EE.UU., que sueña con imponer un gobierno que se someta a sus órdenes en la República Bolivariana.

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