El pleno de la Asamblea declaró el jueves, improcedente el pedido de la jueza Daniela Camacho Herold de que se autorice el juicio penal a Correa, por el caso del secuestro del activista político opositor Fernando Balda, quien estuviera prófugo de la justicia en Colombia, y habría sido capturado por agentes de la Inteligencia ecuatoriana.
La decisión fue tomada por la Asamblea Nacional con 83 votos a favor, dos en contra y 13 abstenciones empero, se aceptó la moción del asambleísta Fernando Burbano, quien propuso devolver el pedido a la jueza Camacho “pues no compete al Parlamento autorizar el enjuiciamiento a un expresidente, conforme dispone la Constitución”.
A este respecto, la asambleísta de la Bancada de la Revolución Ciudadana, Gabriela Rivadeneira anunció que planteará la nulidad de lo actuado en la sesión 522 donde se declaró improcedente la petición de Camacho, en el caso de Balda.
Por su parte, el exdirigente, ha rechazado las acusaciones y ha asegurado que las alegaciones en su contra se tratan de una “persecución política”.
“Como les anticipé, una mayoría parlamentaria se burla de la Constitución y la Justicia, y en lugar de autorizar el levantamiento de la inmunidad, para lo cual requerían 92 votos (art.120, num.10 CRE), se declaran incompetentes para resolver, con 83 votos. Todo debería ser nulo”, así ha reaccionado este viernes, el exmandatario Correa, en un tuit.
Como les anticipé, una mayoría parlamentaria se burla de la Constitución y la Justicia, y en lugar de autorizar el levantamiento de la inmunidad, para lo cual requerían 92 votos (art.120, num.10 CRE), se declaran incompetentes para resolver, con 83 votos. Todo debería ser nulo”, así ha reaccionado el exmandatario de Ecuador Rafael Correa, a la decisión de la Asamblea Nacional sobre un supuesto secuestro cometido por el ex jefe de Estado.
La presidenta de la AN, Elizabeth Cabezas, tras clausurar el proceso de votación, hizo pasar a la Corte Nacional de Ecuador a fin de que el ente adopte una decisión.
El evento desató protestas en las inmediaciones del Parlamento para exigir el rechazo al posible inicio de un proceso judicial contra el ex jefe de Estado ecuatoriano.
Legisladores correístas dijeron que ellos y el grupo de ciudadanos que protagonizaban una marcha hacia la sede del Legislativo, en defensa del expresidente Rafael Correa, fueron agredidos por la Policía Nacional.
No obstante, la Fiscalía aseguró esta semana que tiene pruebas suficientes para abrir una investigación a Correa, en la que también se alega la implicación de altos cargos del entonces Gobierno en funciones.
Al menos tres agentes de la Policía y dos exdirectores de los Servicios de Inteligencia de Ecuador han sido imputados en el marco del caso. La Justicia colombiana ha condenado a otras cuatro personas relacionadas con el secuestro.
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