“Jamás renunciaré”, ha enfatizado este martes la mandataria brasileña quien asegura haber cumplido siempre con las normas que rigen la Constitución y, por tanto, tacha de sinsentido todas las pesquisas en su contra.
“No he cometido ningún crimen que justifique la interrupción de mi mandato. Condenar a alguien por un crimen que no ha cometido es la mayor violencia que se puede ejercer, es una injusticia brutal, es una ilegalidad”, ha sostenido.
No he cometido ningún crimen que justifique la interrupción de mi mandato. Condenar a alguien por un crimen que no ha cometido es la mayor violencia que se puede ejercer, es una injusticia brutal, es una ilegalidad”, sostiene Dilma Rousseff, presidenta de Brasil.
La dignataria ha asegurado que no ha cometido ningún "crimen de responsabilidad" en su decisión de incluir en su gabinete a Lula da Silva, expresidente brasileño y líder del Partido de los Trabajadores (PT) acusado por la Fiscalía General de Sao Paulo de ocultación de patrimonio en el caso de la estatal Petrobras.
El juez federal bloqueó el jueves la toma de posesión de Lula, al considerar que su designación obedecía al intento de protegerlo ante la justicia de investigaciones relacionadas con las redes de corrupción descubiertas en la estatal Petrobras, sin embargo, la decisión fue anulada el viernes por juez Cándido Ribeiro, del Tribunal Regional Federal de la capitalina ciudad de Brasilia.
Rousseff, en cuanto al proceso de destitución (impeachment) que existe en su contra, ha advertido de que “está en curso un golpe de Estado contra la democracia”. “No importa si el arma del golpe es un fusil, una sanción o la voluntad política de algunos de llegar más rápido al poder”, ha apostillado.
El jueves, la Cámara de Diputados aprobó con 433 votos a favor y 1 en contra la creación de una comisión especial que para analizar una petición de destitución de la presidenta; medida rechazada por los simpatizantes de Rousseff que la tachan de “intentos golpistas”.
La comisión parlamentaria evaluó, durante su segunda reunión celebrada el lunes, si existen fundamentos que permitan avanzar en un impeachment contra la jefa del Ejecutivo de Brasil por supuesta manipulación de las cuentas públicas.
La oposición exigió añadir al acta las acusaciones del senador detenido Delcidio Amaral, del gobernante Partido de los Trabajadores (PT, oficialista), quien sostuvo que Rousseff y el expresidente Lula (2003-2010) estaban al tanto de la corrupción en la empresa petrolera y sacaron provecho del esquema de financiación ilegal de campañas políticas montado a través de Petrobras.
Rousseff, del partido PT (izquierda), fue acusada por un grupo de juristas apoyados por la oposición de haber aumentado gastos sin permiso del Congreso y de tapar agujeros del presupuesto con préstamos de bancos estatales en 2014, el año de su reelección, y a inicios de 2015.
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