• Vista de la sesión de la Cámara de Senadores de Bolivia, instalada este martes. 11 de agosto de 2020
Publicada: martes, 11 de agosto de 2020 22:59

El Senado boliviano aprobó el proyecto de ley que obliga a las autoridades a permanecer en el país, tres meses después de terminado su mandato.

La Cámara de Senadores de Bolivia votó el martes a favor del proyecto de ley de permanencia obligatoria en el país por espacio de tres meses una vez que concluyan su mandato las autoridades de los tres niveles del Estado para que emitan los informes respectivos de su gestión a sus sucesores en el marco de la transparencia y evitar la impunidad en casos de corrupción.

La llamada “ley de arraigo” tiene alcance sobre el presidente, vicepresidente, ministros de Estado, gobernadores, alcaldes y máximas autoridades ejecutivas de las empresas e instituciones públicas salientes, además de asambleístas plurinacionales, departamentales y concejales.

El objetivo de este proyecto de ley es reafirmar la transparencia como un principio fundamental de la administración pública, eso significa que toda autoridad de los niveles ejecutivo, legislativo, tanto desde el nivel central, departamental y municipal, no podrán abandonar el país durante tres meses posteriores a la conclusión de su mandato, por lo tanto, toda autoridad que ejerza funciones deberá rendir cuentas al pueblo”, explica un reporte del Senado.

El proyecto de ley de apenas cuatro artículos y una disposición final ha pasado ahora a la Cámara de Diputados la cual deberá pronunciarse al respecto en las próximas semanas.

 

Quienes incumplan la ley, de ser aprobada, serán responsables penalmente, según precisa el artículo tres del proyecto normativo que ahora debe ser revisado por la Cámara de Diputados.

El proyecto de ley ha sido impulsado por el Movimiento al Socialismo (MAS), cuyos legisladores sostienen que, con su aprobación y entrada en vigor, se impedirá la huida de país de parte de autoridades que hayan cometido actos de corrupción en el ejercicio de sus funciones, en clara alusión al actual Gobierno de facto, presidido por Jeanine Áñez.

La Contraloría General del Estado será la institución que se encargará de enviar la lista de las autoridades señaladas en esta ley a la Dirección General de Migración, para su respectivo cumplimiento.

Bolivia vive una crisis institucional desde que un Golpe de Estado desalojó del poder al presidente constitucional Evo Morales el 10 de noviembre de 2019 y las elecciones presidenciales han sido pospuestas en tres ocasiones.

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