• El ministro interino del gobierno de facto de Bolivia, Arturo Murillo, muestra unas esposas en una rueda de prensa.
Publicada: domingo, 24 de mayo de 2020 14:19

El gobierno de facto de Bolivia advierte que los parlamentarios pueden ingresar en prisión si no ratifican la orden de ascensos de las FF.AA.

“La Asamblea está cometiendo un grave delito, tienen incumplimiento de deberes (…) son pasibles a un juicio y es un delito que tiene cárcel, cuidado. Diputados y senadores no tienen inmunidad diplomática, cuidado que mañana estén en la cárcel y digan que es persecución política”, afirmó el sábado el ministro interino de Bolivia, Arturo Murillo.

Estas declaraciones se produjeron después de que el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) de Bolivia, el general Sergio Carlos Orellana, lanzara el jueves un ultimátum de una semana al Senado para ratificar los ascensos a generales y advirtiera que, de no llevarse a cabo tal procedimiento, ellos mismos darían curso a la decisión, pero ejecutando sus normas.

Murillo reclamó que la Asamblea no tiene que revisar nada e indicó que lo único que tiene que hacer es aprobar los ascensos. Asimismo, acusó a la cámara de tratar de perjudicar a los militares, por lo que aseguró que “están molestos”.

En este sentido, el senador del Movimiento al Socialismo (MAS) Omar Paul Aguilar afirmó que la Constitución Política del Estado (CPE) estipula que los ascensos deben ser debatidos por el Senado, que tiene la facultad de aprobar o rechazar las postulaciones militares.

Aguilar declaró también que los ascensos propuestos por el gobierno de facto responden a la necesidad de resguardar política y jurídicamente a las FF.AA. ante las investigaciones de las masacres que ocurrieron después del golpe de Estado en contra del depuesto presidente del país, Evo Morales.

Morales renunció a su cargo el 10 de noviembre de 2019 tras una ola de protestas protagonizadas por la oposición, que desconoció su reelección en los comicios presidenciales del 20 de octubre de ese mismo año.

Tras la dimisión de Morales, la senadora opositora Jeanine Áñez se autoproclamó presidenta interina del país, lo que provocó protestas masivas y una brutal represión policial. Durante las masacres perpetradas por la Policía boliviana, decenas de seguidores del depuesto mandatario perdieron la vida.

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