• Los expresidentes de Bolivia Jorge Quiroga (2001-2002) (izda.) y Carlos Mesa (2003-2005) en el momento de la Asamblea Legislativa Multinacional en La Paz (capital boliviana), 28 de marzo de 2011.
Publicada: jueves, 13 de abril de 2017 15:59

Altos representantes de la oposición boliviana suscribieron el miércoles una declaración conjunta denominada ‘en defensa de la democracia y la justicia’.

La declaración fue firmada por los expresidentes de Bolivia, Jorge Quiroga (2001-2002) y Carlos Mesa (2003-2005), junto al exvicepresidente Víctor Hugo Cárdenas (1993-1997, durante la presidencia de Gonzalo Sánchez de Lozada), el gobernador de Santa Cruz (este de Bolivia), Rubén Costas, el alcalde de La Paz (capital administrativa de Bolivia), Luis Revilla y el líder de Unidad Nacional (UN, centroderecha), Samuel Doria Medina.

El documento cuenta con cinco subtítulos relativos a la Judicialización de la política, Órgano electoral, Intento de vulnerar la soberanía del pueblo, Elecciones judiciales y Acción de Unidad.

Quienes suscriben ese documento (declaración de la oposición boliviana denominada ‘en defensa de la democracia y la justicia’), desconocen la legitimidad histórica del Gobierno del presidente Evo Morales y pretenden asirse de una democracia que nunca respetaron y más bien utilizaron para sus beneficios políticos y sectaristas”, dice el ministro de la Presidencia de Bolivia, René Martínez.

Los líderes políticos, remarcaron en el primer aspecto: Judicialización de la política, alegando que “el Gobierno ha roto los límites de la independencia y coordinación entre poderes”.

En lo referido al Órgano electoral, reconocen la "idoneidad" con la que el Tribunal Supremo Electoral manejó el referendo de febrero de 2016 (sobre repostulación del presidente de Bolivia, Evo Morales); pero, expresaron su preocupación por “el recientemente nombramiento de nuevos miembros de los tribunales departamentales electorales, que en un número significativo tienen afinidad con el Movimiento al Socialismo (MAS, el partido gobernante)".

En tercer lugar, recordaron la negativa de la nación boliviana a una nueva postulación del presidente Morales durante el referéndum del 21 de febrero de 2016 para luego instar a “los gobernantes y a todos los funcionarios del Estado a respetar el voto del pueblo".

 

Sobre las elecciones judiciales, proponen que “la Asamblea nombre una comisión independiente que haga una evaluación meritocrática de los postulantes. Esa Comisión deberá contar con representantes de toda la sociedad y su calificación deberá tener un carácter vinculante en la preselección final de la Asamblea para la habilitación de los candidatos al proceso electoral judicial establecido en la Constitución”.

Tanto el ministro de la Presidencia del país andino, René Martínez, como el viceministro de Autonomía, Hugo Siles, rechazaron esa misma jornada la declaración opositora. "Paradojas de la historia: Separatistas, gonistas y golpistas nos hablan de libertad y democracia", tuiteó Martínez. A su vez, Siles calificó el documento como “inconsistente”, “desorientador” y “con intencionalidad política”.

Mientras la oposición espera que Morales respete el resultado del referéndum de febrero de 2016, los miembros del Gobierno boliviano tienen la certeza de que el jefe de Estado ocupará la silla presidencial en el Palacio Quemado hasta 2025.

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