“Por lo que he visto y oído de estas personas –no tienen acceso a servicios de salud, hay preocupaciones por la seguridad y continúa el proceso de desplazamientos– las condiciones no son propicias para el retorno”, ha señalado la alta funcionaria de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
En una entrevista publicada este domingo por la agencia de noticias británica Reuters, ha mencionado que durante su visita de seis días a Myanmar urgió a las autoridades del país asiático a poner fin a la violencia y facilitar el regreso de los refugiados que han acampanado en el distrito de Cox’s Bazar (sureste de Bangladés), en forma “voluntaria y digna”.
“Estoy realmente preocupada por la situación”, ha expresado Mueller, que vio de cerca las áreas donde los pueblos de la comunidad musulmana Rohingya fueron quemados y arrasados. El Gobierno birmano ha justificado que las aldeas fueron arrasadas para dar paso al reasentamiento de los refugiados. “No he visto ni escuchado que haya preparativos para que estas personas vuelvan a sus lugares de origen”, ha lamentado.
Por lo que he visto y oído de estas personas –no tienen acceso a servicios de salud, hay preocupaciones por la seguridad y continúa el procesos de desplazamientos– las condiciones no son propicias para el retorno”, ha señalado Ursula Mueller, secretaria general adjunta de la ONU en Asuntos Humanitarios y Coordinador del Socorro de Emergencia.
Mueller también planteó a las autoridades del país asiático el problema sobre el acceso limitado de las personas vulnerables a asistencia humanitaria, pues ha enfatizado que les “empujaría a otorgar acceso” a las organizaciones pro derechos humanos.
El Ejército de Myanmar, respaldado por el Gobierno y los extremistas budistas del país, inició una ofensiva con consecuencias mortales contra los musulmanes rohingyas en el estado occidental de Rajine a finales de 2016. Los ataques se intensificaron en agosto del año pasado.
El asesor especial de la ONU para la prevención del Genocidio, Adama Dieng, ha denunciado que la violencia ejercida por las Fuerzas Armadas contra los rohingyas —que llevaron a casi 700.000 miembros de esta minoría a refugiarse en el vecino Bangladés— es “una tragedia humana que lleva las huellas del Gobierno birmano y la comunidad internacional”.
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