• Refugiados musulmanes rohingya de Myanmar rezan en una reunión en Kuala Lumpur (capital de Malasia), a donde huyeron para impedir su persecución por el Gobierno de Myanmar, 4 de diciembre de 2016.
Publicada: jueves, 9 de marzo de 2017 8:44

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) advierte que la minoría musulmana rohingya es víctima de crímenes de guerra.

“Lo que está pasando a los musulmanes rohingya está a nivel de crímenes de guerra y requiere una investigación internacional”, alertó el miércoles el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Zeid Raad al-Husein.

El funcionario condenó al Gobierno de Myanmar (Birmania) por cometer crímenes contra esta minoría y, al mismo tiempo, criticó el sabotaje y la interrupción en su respectiva Oficina para dar seguimiento a este asunto.

Lo que está pasando a los musulmanes rohingya está a nivel de crímenes de guerra y requiere una investigación internacional”, alertó el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Zeid Raad al-Husein.

Raad al-Husein aseguró que existen evidencias creíbles sobre la represión a la que son sometidos los rohingya. En las últimas semanas, más de 20.000 rohingyas han huido para protegerse de un operativo del Ejército de Myanmar en el noroeste del país.

La población rohingya ha sido objeto de ejecuciones sumarias, violaciones en grupo e incendios deliberados de aldeas enteras. Circunstancias que les han obligado a refugiarse en el vecino Bangladés.

 

En otra parte de sus declaraciones, denunció la construcción de los asentamientos ilegales en los territorios ocupados palestinos por parte del régimen de Israel pese a la resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU); y la actuación de la Unión Europea (UE) en cuanto a los refugiados.

Además, señaló que a los funcionarios de la Oficina de ACNUDH no se les permite visitar el sureste de Turquía, donde residen los kurdos, para después mostrar su preocupación por la situación de esta zona.

Para acabar, reprobó las medidas que tienen como objetivo intimidar a los empleados de las oficinas de Derechos Humanos instaladas en todo el mundo sea por el Gobierno o por grupos extremistas.

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