A través de una conexión virtual, la expresidenta de Argentina (2007-2015), durante su exposición de propia defensa ante el tribunal que la juzga por la causa Vialidad, en lo que ella misma ha denominado sus “últimas palabras”, ha cuestionado a los jueces y fiscales.
“Nunca un término judicial tan apropiado para definir lo que es este tribunal, con el ministerio público fiscal incluido”, ha disparado CFK.
Ha continuado en esa tónica, diciendo que “esto más que un tribunal era del lawfare es un verdadero pelotón de fusilamiento que se inició a partir de la increíble diatriba en la que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola”.
En este sentido, ha sostenido que el objetivo del tribunal es “estigmatizar a un espacio político, y fundamentalmente, a quien tiene el mayor grado de representación de ese espacio”.
¿Qué acusación pesa sobre CFK?
El fiscal Diego Luciani pidió 22 de agosto ante el Segundo Tribunal Oral Federal (TOF) una condena de 12 años de cárcel y la inhabilitación permanente en el desempeño de cargos públicos para Cristina Fernández, en el juicio que enfrenta desde mayo de 2019 por presuntos hechos de asociación ilícita y administración fraudulenta de fondos públicos.
La vicepresidenta, junto a una docena de personas, es acusada de irregularidades en la adjudicación de 51 obra pública entre el 2003 y el 2015 en la provincia de Santa Cruz (sur), para favorecer al empresario Lázaro Báez, contra quien también pidieron los fiscales 12 años de cárcel y el embargo de sus bienes.
El Ministerio Público de Argentina estima en, 5231 millones de pesos (más de 39 millones de euros) la cantidad defrauda por una red que salpica también al difunto esposo de la vicepresidenta, el expresidente Néstor Kirchner (2003-2007), y a exfuncionarios kirchneristas como el exministro de Planificación Julio de Vido.
El TOF ha informado que el próximo martes 6 de diciembre por la tarde se dará a conocer el veredicto final. En caso de ser condenada, Fernández de Kirchner puede apelar la sentencia ante distintas instancias judiciales superiores, un proceso que puede estirarse años. La ley no le impide presentarse a cargos públicos en las elecciones generales de 2023, hasta tanto la Corte Suprema de Justicia no se pronuncie de manera definitiva.
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