A la pregunta ¿A qué corresponde la “persecución judicial” contra la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner?, planteada por la cadena HispanTV en una encuesta en línea, la mayoría de los lectores (77,1 %) responde que el objetivo es sacarla del juego político, porque puede regresar a la Presidencia.
Mientras tanto, el 18,8 % de los lectores cree que se trata de una venganza del aparato judicial vinculado al macrismo.
No obstante, para el 4,4 % de los entrevistados, dicha persecución política y judicial constituye un ataque a la democracia.
El fiscal Diego Luciani pidió el lunes ante el Segundo Tribunal Oral Federal (TOF) una condena de 12 años de cárcel y la inhabilitación permanente en el desempeño de cargos públicos para Fernández de Kirchner, en el juicio que enfrenta desde mayo de 2019 por presuntos hechos de asociación ilícita y administración fraudulenta de fondos públicos.
La también presidenta del Senado argentino, junto a una docena de personas, es acusada de irregularidades en la adjudicación de 51 obra pública entre el 2003 y el 2015 en la provincia de Santa Cruz (sur), para favorecer al empresario Lázaro Báez, contra quien también pidieron los fiscales 12 años de cárcel y el embargo de sus bienes.
Fernández de Kirchner denunció que se enfrenta “a un pelotón de fusilamiento mediático judicial” y no a un tribunal constitucional, y aseguró que no hay pruebas en su contra y que ninguno de los citados a declarar durante el juicio apoyó con su testimonio la versión de los fiscales.
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