• La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner habla durante la conferencia "La Lucha Política en América Latina Hoy", Sao Paulo, Brasil, 9 de diciembre de 2016.
Publicada: miércoles, 28 de diciembre de 2016 0:28
Actualizada: miércoles, 28 de diciembre de 2016 8:35

La Justicia argentina procesa a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por asociación ilícita y administración fraudulenta.

La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner (CFK) ha sido inculpada este martes por presunta asociación ilícita y administración fraudulenta en una causa sobre irregularidades en la concesión de obras públicas por 2200 millones de dólares a un empresario durante su mandato, lo que supone su primer procesamiento en una investigación por corrupción.

"El juez Julián Ercolini procesó a la expresidenta por asociación ilícita y administración fraudulenta. Ordenó un embargo por 10 000 millones de pesos (equivalentes a USD 630 millones). Se investiga el direccionamiento de obras públicas viales al grupo Austral", según la página web del Centro de Información Judicial (CIJ) del poder judicial.

El juez Julián Ercolini procesó a la expresidenta por asociación ilícita y administración fraudulenta. Ordenó un embargo por 10 000 millones de pesos (equivalentes a USD 630 millones). Se investiga el direccionamiento de obras públicas viales al grupo Austral", ha publicado la página web del CIJ del poder judicial.

El magistrado, en concordancia con lo expresado por la Fiscalía, consideró que "se encuentra acreditado" que la exmandataria, entre otros miembros de su equipo y el empresario constructor Lázaro Báez, integraron una asociación "destinada a cometer delitos para apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada de los fondos asignados a la obra pública vial, en principio, en la provincia de Santa Cruz" (sur de Argentina).

Sin embargo, para Gregorio Dalbón, uno de los abogados de Fernández, el procesamiento dictado por el Juez Ercolini contra su defendida no es más que “Humo sobre el agua”, un “invento” de la justicia frente al “gobierno de Mauricio Macri que se derrumba”. Por eso, a pesar de que solo la asesora en las causas civiles contra los periodistas, también criticó el embargo por 10 000 millones de pesos, según dijo “No es objetivo ni equitativo. Es joda”.

 

Dalbón adelantó que seguramente apelará la resolución del juez federal e insistió en que “no existe delito” alguno. Y sugirió que la exmandataria podría incluso solicitar el juicio político de Ercolini en el Consejo de la Magistratura.

La expresidenta ha denunciado que el magistrado Ercolini tiene estrechos vínculos con el Gobierno de Macri, por lo que atribuye su procesamiento en el caso Austral a una persecución política que ha comparado con las realizadas por las “dictaduras” contra “dirigentes opositores”.

El caso de Fernández se suma a la de otros líderes de centroizquierda de la región, como el expresidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva (2003-2011) y la exmandataria Dilma Rousseff (2011-2016), forzados a rendir cuentas por casos de supuesta corrupción o administración irregular. A Dilma le costó incluso su puesto, destituida por el Congreso brasileño.

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