Un grupo de académicos y miembros de diversas organizaciones de Derechos Humanos se concentraron la noche del viernes en el centro de Buenos Aires, capital de Argentina, por el cierre de una oficina estatal que investigaba delitos económicos y crímenes de la última dictadura.
Los investigadores de la disuelta oficina de delitos económicos del Banco Central han sido despedidos, junto a miles de trabajadores estatales, desde que Macri asumiera el poder en diciembre de 2015, pese a que aseguran que sus pesquisas sobre archivos clasificados arrojaron resultados, tal vez desfavorables para la familia del presidente.
Aunque Macri ha dicho en reiteradas ocasiones que apoyará los juicios contra los responsables de la dictadura argentina que aun no han sido condenados —una política de reparación que fue pilar del Gobierno de la expresidenta argentina Cristina Fernández—, algunas decisiones de su Administración, como el endurecimiento en el control de las protestas, el polémico encarcelamiento de una dirigente social y el haber recibido a familiares de víctimas de ataques marxistas antes que a víctimas del terrorismo de Estado, preocupan a los organismos locales de DDHH.
"Se encontraron actas del directorio del Banco que acreditan beneficios importantísimos que obtuvieron muchas empresas (durante la dictadura), entre ellas el grupo (económico) de Macri", declaró a la agencia de noticias Reuters Celeste Perosino, que lideraba la subgerencia de Derechos Humanos en el Banco Central, que también investigaba la desaparición de empleados de la entidad.

Según el portavoz del Banco Central, la disolución de esa oficina obedeció a la falta de resultados de sus investigaciones, no obstante, Perosino explicó que hallaron documentos que prueban la estatización que hizo la dictadura militar (1976-1983) de millonarias deudas de empresas privadas, como la que comandaba entonces el padre del presidente, Franco Macri.
Se encontraron actas del directorio del Banco que acreditan beneficios importantísimos que obtuvieron muchas empresas (durante la dictadura), entre ellas el grupo (económico) de Macri, declaró Celeste Perosino, que lideraba la subgerencia de Derechos Humanos en el Banco Central.
Desde que Macri llegara al poder no ha dejado de recibir críticas por parte de organismo de DDHH locales, una de ellas por haber calificado de "revanchistas" las políticas sobre crímenes de lesa humanidad.
La movilización del viernes se produjo en vísperas de la visita del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, al país suramericano, la cual no es vista con buenos ojos por diversos sectores políticos y sociales argentinos, como las Abuelas de la Plaza de Mayo o el ganador argentino del premio Nobel de la Paz en 1980, Adolfo Pérez Esquivel.
Bajo las presiones internas y argentinas, el Gobierno de Estados Unidos desclasificará documentos sobre el papel del país norteamericano durante la época de la última dictadura en Argentina, en un intento de Washington por aliviar “las heridas” de esa época que han marcado a la nación argentina.
El jefe de Estado norteamericano llegará el miércoles a Buenos Aires, es decir, un día antes del 40º aniversario del golpe militar de 1976, por lo que Obama planea visitar el Parque de la Memoria de Buenos Aires para rendir homenaje a las víctimas de la “guerra sucia”.
mep/anz/hnb