Con inversiones millonarias empresas de países como Italia, Estados Unidos, Canadá y España entre otras han puesto sus ojos en la riqueza que supondría construir una hidroeléctrica o excavar una mina en Guatemala.
Sin embargo, las reglas del juego no son claras y las comunidades se unen en resistencia en contra de lo que consideran depredación y saqueo al país, aunque reconocen que la minería ha existido por décadas, las formas han cambiado.
El Estado de Guatemala obtiene el 1 por ciento en regalías por el producto de extracción minera, algo insignificante para lo que se llevan del país, advierte el miembro del Colectivo de Estudios Rurales de Guatemala, Byron Garoz.
Mientras el analista en seguridad y justicia de ASIES (Asociación de Investigación y Estudios Sociales), Juan Carlos Carrera, subraya la responsabilidad del Estado en el tema de conflictos sociales a partir de las empresas extractivas en las comunidades.
Guatemala es signataria de un convenio ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que establece los derechos colectivos de los pueblos indígenas.
Miguel Salay, Ciudad de Guatemala.
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