Su defensa ha presentado una demanda de amparo ante el poder judicial que le permite seguir en carrera rumbo al congreso.
Tras la aprobación del informe en el congreso que recomienda denunciar constitucionalmente e inhabilitar para ejercer cargos públicos hasta por 10 años a Martin Vizcarra y las exministras Pilar Mazzetti y Elizabeth Astete por el caso Vacunagate, el ex presidente y actual candidato al congreso peruano ha presentado una demanda de amparo ante el Poder Judicial para evitar que se ejecute cualquier resolución en su contra que pueda emitir en los próximos días el parlamento.
Pese a que ya no se encuentra al mando del poder ejecutivo, las diferencias entre Martín Vizcarra y el legislativo continúan. Las tachas presentadas en su contra por no renunciar a tiempo del cargo de presidente para postular al congreso y el reciente pedido de inhabilitación han sido hasta ahora la excusa perfecta para que el exmandatario denuncie ser parte de una persecución política. Para el analista político Javier Bedoya este argumento no tiene fundamentos teniendo en cuenta que pese a existir un ambiente electoral, Martín Vizcarra no ha sido atacado por ninguno de sus contendores ni candidatos a la presidencia.
Según expertos lo que Vizcarra estaría buscando es dilatar el proceso hasta después de las elecciones para, de ser elegido congresista, beneficiarse con la inmunidad parlamentaria pues estos no son los únicos procesos a los que se enfrenta Vizcarra.
En las últimas horas un nuevo colaborador eficaz confirmó al ministerio público la entrega de un soborno de 1 300 000 soles o 360 000, para la construcción del hospital de Moquegua, región que gobernó entre los años 2010 y 2014.
Aarón Rodríguez, Lima
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