• La vicepresidenta y el presidente de Nicaragua, Rosario Murillo y Daniel Ortega, respectivamente, en Managua, 2 de septiembre de 2020. (Foto: AFP)
Publicada: sábado, 10 de octubre de 2020 6:51

El Gobierno nicaragüense evitó dar una respuesta directa a nuevas sanciones impuestas por EE.UU. contra sus altos funcionarios y se declaró “libre”.

“Somos libres, jamás volveremos a ser esclavos. […] Sabemos que somos un pueblo digno, pueblo grande, pueblo creyente, devoto, potente”, ha afirmado este viernes la vicepresidenta nicaragüense, Rosario Murillo, sin hacer referencia a las nuevas sanciones aprobadas la misma jornada por el Gobierno de EE.UU. contra una entidad financiera de Nicaragua y dos miembros del Gobierno del presidente Daniel Ortega.

El Departamento de Estado estadounidense había informado horas antes de la imposición de sanciones por el Departamento del Tesoro a la fiscal general de Nicaragua, Ana Julia Guido, así como al secretario de la Presidencia, Paul Oquist Kelley, y a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Caja Rural Nacional (CARUNA).

Estas medidas punitivas de Washington se suman a las ya impuestas en los últimos años contra 25 funcionarios nicaragüenses, entre ellos la misma vicepresidenta y primera dama, así como tres de sus hijos y casi una decena de entidades e instituciones o empresas ligadas a los sandinistas.

De igual modo, la Unión Europea (UE), Canadá y el Reino Unido también han impuesto restricciones contra Nicaragua.

 

La oposición nicaragüense ha aplaudido y saludado tanto la resolución del Parlamento Europeo (PE) como las nuevas sanciones del Departamento del Tesoro de EE.UU.

Esto mientras que las autoridades nicaragüenses acusan a la oposición de ejercer “terrorismo golpista”, con el apoyo financiero de Estados Unidos, para incitar a la inestabilidad en el país y sacar del poder a Ortega.

Según denuncian las autoridades nicaragüenses, este país, al igual que Venezuela y Cuba, es víctima de las sanciones impuestas por Estados Unidos; unas medidas coercitivas, unilaterales e ilegales que solo fomentan el terrorismo económico.

Diferentes autoridades estadounidenses, incluso el propio presidente Donald Trump, han admitido públicamente que están trabajando para cambiar los Gobiernos de algunos países latinoamericanos que defienden su soberanía y son abiertamente antimperialistas, como los tres citados países.

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