• Agentes de la Policía Federal mexicano a bordo de patrulla.
Publicada: viernes, 15 de abril de 2016 9:00

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de México vincula por primera vez a agentes federales con la polémica desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa.

En un informe publicado el jueves, la referida instancia, basándose en el relato de un testigo ocular, admitió que al menos dos policías federales participaron directamente en la desaparición de los 43 alumnos de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en el municipio de Iguala, ubicado en el sureño estado de Guerrero, el 26 de septiembre de 2014.

Los policías, cuya identificación no se ha revelado, son acusados por haber permitido que la policía local entregara a los jóvenes normalistas al cártel de los Guerreros Unidos.

Espionaje telefónico del Gobierno en contra nuestra debe cesar. Pese a ello, estamos más unidos que nunca”, exigen los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos.

El encargado del caso en la Comisión, José Larrieta Carrasco, denunció que compañías privadas ocultaron pruebas, lo que, agregó, frenó el avance en las pesquisas, aunque se negó a dar el nombre de las empresas de buses que supuestamente están implicadas en esta desaparición.

Esta hipótesis difiere de la versión de la Procuraduría General mexicana (PGR), que hasta el momento no ha involucrado al Estado en el caso, mientras los familares de las víctimas consideran al Gobierno como el responsable de la tragedia.

La misma jornada, los padres de los estudiantes desaparecidos denunciaron que el Gobierno, en vez de dar respuestas sobre el avance en las investigaciones, se centra en espiar sus comunicaciones y realizar campañas de desprestigio en torno al caso Ayotzinapa.

Espionaje telefónico del Gobierno en contra nuestra debe cesar. Pese a ello, estamos más unidos que nunca”, reivindicaron los familiares, que se reunieron con representantes de la fiscalía para recibir avances sobre la investigación.

El PGR afirma que los jóvenes fueron detenidos por policías de Iguala y entregados a los delincuentes de Guerreros Unidos, quienes los asesinaron e incineraron sus restos en un vertedero de basurero en el municipio vecino de Cocula.

Hasta el momento los expertos solo han identificado dos de los cadáveres: el de Alexander de la Mora y Jhosivani Guerrero de la Cruz, aunque deben someterse a otras pruebas.

El caso Ayoztinapa ha representado el mayor dolor de cabeza para el Gobierno presidido por Enrique Peña Nieto, quien ha sido motivo de duras protestas tanto a nivel nacional como internacional.

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