El Gobierno de Guatemala deberá enfrentar un proceso penal ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la desaparición forzada de José María García Portillo en 1986, quien ese momento fungía como alcalde de uno de los departamentos de Guatemala, hasta ahora se podría alcanzar la justicia que en ese momento se ignoró.
Guatemala como estado no prioriza la búsqueda de la justicia para sus habitantes, el 97 % de las denuncias penales queda en la impunidad, y casi en un 100 % cuando se trata de casos relacionados a delitos de lesa humanidad o desaparición forzada a pesar que se supone que se vive en un estado de derecho.
Guatemala vivió una guerra interna que duró 36 años, periodo en el que fueron asesinadas y desaparecidas unas 250 mil personas, recién fueron encontrados los restos de decenas de víctimas en un destacamento militar, los familiares de desaparecidos y víctimas directas del conflicto condenan a los gobiernos de la dictadura.
Guatemala firmó los acuerdos de paz en 1996, en ese marco se consideró una amnistía para ambas partes del conflicto, sin embargo quedó establecido que las desapariciones forzadas, delitos de lesa humanidad y genocidio seguirían siendo perseguidos por la justicia.
La Corte Interamericana podría condenar por este caso al estado de Guatemala sumándose a la gran lista de condenas ya existentes, Guatemala ocupa el tercer lugar en América latina en cuanto a condenas emitidas por la CIDH.
Miguel Salay, Ciudad de Guatemala.
rtk/hnb
