La jueza magistrada estadounidense Sarah Netburn en Manhattan dijo el viernes que Da Afganistán Bank (DAB) o el Banco Central de Afganistán es inmune a la jurisdicción, por lo que, explica, permitir que las víctimas de los atentados del 11-S incauten los fondos como compensación reconocería efectivamente al grupo armado Talibán como gobierno afgano, algo que solo el presidente de Estados Unidos puede hacer.
La jueza reconoció que los familiares de los damnificados por los 11-S han luchado durante años por justicia, rendición de cuentas y compensación, pero, puso de relieve, “la ley limita la compensación que puede autorizar el tribunal, y esos límites ponen los activos de la DAB más allá de su autoridad”.
Netburn ha trasmitido su parecer al juez federal distrital de Manhattan George Daniels, quien también supervisa el litigio y puede decidir si acepta o no la recomendación de Netburn.
De ser aceptada, esa decisión constituiría una derrota para cuatro grupos de acreedores que demandaron a una variedad de acusados, incluido el grupo terrorista Al-Qaeda, responsable de los atentados. Los demandantes obtuvieron sentencias en rebeldía después de que los acusados no se presentaran ante el tribunal.
Los acreedores acusan, además, a los talibanes de los atentados, argumentando que, en el momento de los ataques, el grupo armado en el poder permitió que Al-Qaeda operara dentro de Afganistán.
La invasión estadounidense de Afganistán expulsó a los talibanes —que gobernaron de 1996 a 2001— hace 20 años, pero nunca logró restaurar la estabilidad y seguridad en el país devastado por guerra. El grupo armado volvió a hacerse con el control del país en agosto de 2021, tras la salida irresponsable y apresurada de las tropas extranjeras de Afganistán.
En febrero de este año, el presidente de EE.UU., Joe Biden, en una decisión polémica ordenó utilizar la mitad de los 7000 millones de dólares de los fondos afganos congelados tras la llegada de Talibán al poder, para indemnizar a las víctimas del 11-S.
Talibán tacha de “robo” medida de Biden
La medida desató una ola de condenas y críticas tanto dentro como fuera de Afganistán. El gobierno interino de talibán fustigó la orden ejecutiva de Biden en momentos en que el país centroasiático atraviesa una grave crisis humanitaria y económica. “El robo de los fondos bloqueados de la nación afgana por Estados Unidos y su incautación muestra el nivel más bajo de humanidad de un país y una nación”, descargó en Twitter un vocero político de Talibán.
Con los talibanes en Kabul, EE.UU. y sus socios internacionales se apresuraron a cortar la ayuda internacional a Afganistán y congelar los activos pertenecientes al Banco Central del país centroasiático, mientras más de la mitad de la población afgana se encuentra al borde de la hambruna.
Tanto las Naciones Unidas como las organizaciones pro derechos humanos han instado una y otra vez a EE.UU. y sus socios occidentales a liberar los capitales afganos para suministrar las necesidades más básicas de la población afgana.
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