El jueves pasado, el presidente estadounidense, Donald Trump, ordenó sancionar económicamente a todos aquellos funcionarios de la Corte Penal Internacional (CPI) que estuvieran involucrados directamente con cualquier iniciativa para investigar o acusar a funcionarios estadounidenses sin consentimiento de Estados Unidos.
Washington tomó la decisión en un intento desesperado para forzar al tribunal, con sede en La Haya, a detener la investigación sobre posibles crímenes de guerra de tropas estadounidenses en Afganistán.
La nueva medida coercitiva de EE.UU. ha provocado una ola de condenas a nivel mundial, pues diferentes expertos, organizaciones internacionales y países han expresado su preocupación ante el acto ilegal de la Administración de Trump.
“Es la reacción de un jefe de la mafia, un gánster, un mafioso, quien tiene el control absoluto sobre un barrio, una comunidad y es capaz de hacer lo que quiere”, ha fustigado el destacado activista político estadounidense Paul Larudee.
“Esto es motivo de grave preocupación. Como pueden entender, nosotros, como la Unión Europea (UE), somos partidarios firmes de la Corte Penal Internacional. Puedo reiterar nuestro apoyo a esta institución”, ha resaltado el jefe de Diplomacia del bloque comunitario, Josep Borrell.
El canciller iraní, Mohamad Yavad Zarif, ha repudiado también la actuación del Gobierno “fuera de ley” de Washington. “Ahora, la CPI está siendo chantajeada por una pandilla sin ley que se hace pasar por diplomáticos. ¿Qué más necesita la comunidad global para despertar y oler las consecuencias de apaciguar al acosador?, ¿y a quién más debería aterrorizar Estados Unidos antes de que se dan cuenta de que ellos podrían ser los siguientes?”, ha aseverado.
Estados Unidos invadió Afganistán en 2001, bajo el pretexto de combatir el terrorismo. La investigación comenzó después de que un informe inicial encontró evidencias de que se habían cometido crímenes de guerra en Afganistán.
La invasión ha causado la muerte de cientos de miles de civiles. Estados Unidos es acusado también de torturar a personas en secretos campos de detención en el país asiático.
La CPI ha formado parte del sistema de justicia global desde 2002. Está diseñada para procesar a los responsables de genocidios, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.
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