Las enmiendas a los gastos de defensa de EE.UU. fueron presentadas por la congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez, quien solicitó la prohibición de la venta de armamento y entrenamiento para la Unidad Antimotines (Esmad) de la Policía Nacional de Colombia, la cual, según la oficina de la legisladora, es directamente responsable de abusos atroces durante las protestas de abril de 2021.
Ocasio-Cortez pidió también que tanto el Departamento de Estado como el de Defensa estadounidenses entreguen un informe en los próximos 6 meses (desde su aprobación) en el que se evalúe la situación de derechos humanos en Colombia en relación a las 63 muertes ocurridas este año durante manifestaciones en el marco del Paro Nacional.
La legisladora solicitó además que se evite que los fondos estadounidenses apoyen la fumigación aérea, la cual, conforme su oficina, se ha utilizado para intentar disminuir la producción de cocaína, pero que ha tenido consecuencias devastadoras para la salud y el medio ambiente para el pueblo colombiano.
La representante basa sus cuestionamientos en el Acto de Autorizaciones para la Defensa Nacional (NDAA por su sigla en inglés) que establece los parámetros y guías que se deben seguir para los gastos relacionados con defensa y seguridad.
¿Qué impacto real tiene el proyecto contra Colombia?
De acuerdo con los medios colombianos, la decisión de la Cámara Baja no es de gran trascendencia pues el Departamento de Estado hace un seguimiento anual de la situación de los DD.HH. en Colombia sin afectar sus donaciones.
La relación al Esmad tampoco afecta mucho, pues este escuadrón no recibe actualmente entrenamiento ni recursos de EE. U. y la compra de equipos lo general se hace en otros países.
De hecho, Ocasio- Cortez presentó enmiendas similares en el NDAA el año pasado y estas terminaron eliminadas por la Comisión de Conciliación gracias a la presión del Gobierno colombiano, presidido por Iván Duque, y aliados en el Congreso norteamericano.
Varias organizaciones pro derechos humanos, como Amnistía Internacional (AI) han denunciado la violencia de la policía colombiana y, según sus datos, este año se han registrado 4687 casos, entre ellos 84 muertos, de los cuales 28 son atribuibles a la fuerza pública y 90 víctimas de lesiones oculares.
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