• Manifestaciones en Colombia contra el genocidio.
Publicada: martes, 26 de enero de 2021 23:41

El Tribunal Permanente de Pueblos (TPP) inauguró el juicio al Estado colombiano por genocidio político, impunidad y crímenes contra la paz.

El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) de Colombia, mediante un comunicado, precisó que el TPP, un organismo ético internacional de carácter no gubernamental, ha iniciado este martes, de manera virtual, las deliberaciones para juzgar de forma simbólica al Estado colombiano por el genocidio político cometido contra partidos y pueblos, los crímenes contra la paz y la impunidad con la que ambos han sido tratadas. 

El veredicto que surja de las sesiones, que se celebrará entre el 25 y el 27 de marzo en Colombia, aunque no tiene implicaciones judiciales para el Estado colombiano y sus dirigentes, es un llamado a la conciencia ética para condenar los hechos.

“Los pueblos hemos vivido una sistemática violación de derechos humanos y derechos a la vida. Consideramos que este espacio será fundamental para visibilizar y denunciar, pero a la vez para caminar en este proceso por la vida, la democracia y la paz”, dijo la consejera del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) Aida Quilcue, quien participó en la conferencia virtual.

En la sesión 48 de este Tribunal, organizaciones políticas, sociales, étnicas, de víctimas y de derechos humanos denunciarán, entre otros asuntos, los crímenes del Gobierno colombiano contra la paz que tuvieron lugar tras la firma del Acuerdo de Paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Estado Colombiano (noviembre de 2016), así como la impunidad y ausencia de justicia frente a estos hechos.  

En un informe, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) denunció el jueves la creciente violencia que enfrentan los excombatientes de las FARC en proceso de reincorporación a la vida civil en una zona del sur de Colombia donde operan disidentes de la disuelta guerrilla, criticando que sus condiciones de seguridad “se han deteriorado considerablemente en los últimos meses”.

Desde la firma del acuerdo de paz en noviembre de 2016, el organismo que supervisa la reincorporación de unos 7000 exguerrilleros ha documentado 248 asesinatos de excombatientes, 73 de ellos ocurridos en 2020.

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