“El tema es complejo porque no se trata solo de un asunto legal, sino de comportamientos y ética. No es fácil erradicar conductas inaceptables, acabar con la comodidad del continuismo y exigir que las élites se sometan con humildad al escrutinio ciudadano”, ha reconocido este viernes ante los periodistas.
El tema es complejo porque no se trata solo de un asunto legal, sino de comportamientos y ética. No es fácil erradicar conductas inaceptables, acabar con la comodidad del continuismo y exigir que las élites se sometan con humildad al escrutinio ciudadano”, reconoce Michelle Bachelet, presidenta de Chile.
En sus declaraciones, pronunciadas con ocasión de la inauguración del Observatorio Anticorrupción, cuya misión es supervisar la agenda de probidad del Gobierno y el Congreso, ha aludido a las dificultades que existen en este camino, pero ha considerado el proceso “vital” para la democracia y la sociedad chilenas.
“Yo sé que en esta materia tiende a prevalecer el escepticismo. Es comprensible; en demasiadas ocasiones se han hecho anuncios que no son acompañados de actos. Pero yo quiero decirles que no es el caso de esta agenda, los resultados están ahí y los hechos no mienten”, ha afirmado la mandataria.
En el plano administrativo de la agenda, Bachelet ha detallado que se han implementado ya las 14 medidas comprometidas, mientras que, en lo legislativo, están ya en curso 17 iniciativas de un total de veintiuna.
Bachelet ha aprovechado la oportunidad para informar de la promulgación de una ley que permite castigar con la pérdida del cargo a los parlamentarios, alcaldes y concejales que infrinjan la ley electoral. Ha apostillado además que los sancionados no podrán ejercer un cargo estatal durante dos años.
En los últimos meses, legisladores de la derecha conservadora han sido acusados de recibir financiación irregular para sus campañas políticas de parte del grupo Penta, un conglomerado que maneja más de 20 000 millones de dólares.
“Lo que yo puedo decir, que es lo que yo sé, es que mi campaña se ajustó cien por cien a las leyes”, ha asegurado Bachelet.
Por otra parte, Sebastián Dávalos, el hijo mayor de la presidenta de Chile, y su esposa, Natalia Compagnon, son sospechosos de “tráfico de influencias” en la consecución de un préstamo de 6 500 millones de dólares para la empresa Caval Inversiones (cuya dueña es Compagnon), así como de utilizar “información privilegiada” en la compra de terrenos.
Este escándalo ha afectado negativamente a la popularidad de la dignataria chilena, llevándola a prometer adoptar las medidas necesarias para luchar contra la corrupción, sin miedo a que esa iniciativa perjudique a personas específicas.
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