La propuesta legal impulsada por diputados afines a la coalición de Gobierno pretende castigar el negacionismo de las violaciones de los derechos humanos y otros abusos cometidos por la dictadura cívico-militar del general Pinochet (1973-1990), que sigue afianzada en gran parte del pueblo chileno según una encuesta publicada esta semana.
La ministra portavoz del Gobierno, Camila Vallejo, expresó la preocupación de la actual coalición sobre esta situación e insistió en que el objetivo debe ser hacer un ejercicio de memoria, de reconocer lo que sucedió en la historia del país, de no negarlo, de reparar, de señalar la verdad, y hacer justicia, pero a la vez pensar también en el presente, y el futuro.
Más de un tercio de los chilenos apoyan el legado de un régimen autoritario que se hizo con el poder a través de las armas en 1973 y emprendió una sangrienta represión de la que todavía hoy, medio siglo después, miles de familias de detenidos desaparecidos sufren sus consecuencias, según el más reciente estudio del reconocido Barómetro de la Política CERC, que examina la transición chilena desde 1989.
“Pinochet recupera imagen y la dictadura no es condenada unánimemente. (…) No existe en Occidente ningún otro dictador que haya sobrevivido el paso del tiempo como lo ha hecho Augusto Pinochet”, asegura el citado estudio, en el que se detalla que el 36 % de los chilenos piensa que los militares “tenían razón” para dar un golpe de Estado, otro 36 % dice que Pinochet “liberó a Chile del marxismo”, y un 39 % cree que el dictador “modernizó la economía chilena”.
“A 50 años del golpe cívico-militar nos preocupa que exista negacionismo y se pretenda validar un golpe de Estado, una dictadura, que violó Derechos Humanos, que masacró a parte de nuestro pueblo y generó heridas hasta el día de hoy”, quien también lamentó que haya mucha “gente joven que no conoce lo que sucedió”, otra de las conclusiones del barómetro del CERC.
ynr
