El Tribunal Constitucional (TCP) de Bolivia sentenció, mediante una resolución, publicada el viernes, que la autoproclamación de Jeanine Áñez como presidenta interina, tras el golpe de Estado de 2019 no se ajustó a la legalidad.
Al respecto, el ministro de Justicia de Bolivia, Iván Lima, indicó el mismo viernes en que la sentencia de dicha entidad boliviana certifica que en 2019 hubo un “golpe de Estado”, asegurando que en 2019 nunca hubo un vacío de poder y que la sucesión constitucional de Jeanine Áñez fue inconstitucional.
“En esta sentencia se ve que ha establecido que la situación de la señora Áñez es de una gobernante de facto. Lo que yo veo en esta sentencia es una respuesta a temas que han planteado una duda de constitucionalidad […] hay un sentido de justicia en todo esto”, señaló el ministro boliviano en una entrevista con canal estatal BoliviaTV.
Conforme al ministro de Justicia boliviana, el ejercicio democrático en este país sudamericano exige que “haya una elección entre las personas que ejercen” el cargo de presidente de Senadores o de Diputados.
En este sentido, Lima consideró que la sentencia de TPC “tiene un efecto final y vinculante” que suponen el cierre del debate sobre si hubo un golpe de Estado. “El Tribunal Constitucional estableció que ni la Segunda Vicepresidencia puede asumir la presidencia del país. Esta situación está cerrada”, agregó.
El fallo emitido por el TCP definió la no correspondencia de una sucesión ipso facto, fundamentándose en el hecho de que Áñez se declaró primero presidenta del Senado y luego jefa del Parlamento, en los dos casos sin voto parlamentario, para después granjearse su acceso a la Presidencia del Estado en sucesión del renunciante exmandatario Evo Morales.
El 13 de marzo de 2021, la Policía de Bolivia arrestó a Áñez en la ciudad de Trinidad, capital del departamento amazónico del Beni, después de que la Fiscalía emitiera una orden de detención por cargos vinculados con el golpe de Estado. De hecho, la Fiscalía General presentó una demanda contra ella y cinco exministros por “genocidio”.
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