• El expresidente de Bolivia Evo Morales en Buenos Aires, la capital argentina, 21 de febrero de 2020.
Publicada: sábado, 8 de agosto de 2020 16:21
Actualizada: sábado, 8 de agosto de 2020 17:14

Morales denuncia que el gobierno de facto de Bolivia no autoriza el suministro de oxígeno a hospitales y solo culpa a movimientos sociales por problemas del país.

La Defensoría Pueblo y la Comisión de Diputados denuncian que gobierno de facto deliberadamente no autoriza salida de tanques de oxígeno de empresa privada Praxair, que provee a hospitales y clínicas”, ha declarado el expresidente boliviano Evo Morales.

En un mensaje publicado este sábado en Twitter, Morales ha vuelto a condenar la medida del gobierno de facto de Jeanine Áñez de no permitir que se suministre oxígeno y respiradores a los hospitales que están luchando contra el nuevo coronavirus, causante de la COVID-19.

Asimismo, el exmandatario ha expresado que el gobierno de Áñez intenta involucrar a los movimientos sociales, que protestan por postergación de los comicios, con la ineptitud de las autoridades interinas a la hora de proteger a la población frente a la enfermedad infecciosa. 

 

El gobierno de facto ha indicado que, en las últimas horas, 31 personas han muerto por la falta de oxígeno y respiradores, arguyendo que los aparatos no llegaron a los hospitales “por los bloqueos que hay en las carreteras”.

El ministro interino del gobierno boliviano, Arturo Murillo, ha dicho a los medios en Cochabamba (centro) que tanto oxígenos como inhaladores estaban varados por los bloqueos y protestas en contra de la suspensión de las elecciones presidenciales.

El jueves, Áñez amenazó con una inminente intervención militar y policial para terminar con los bloqueos de carreteras que realizan los sindicatos campesinos en varios puntos del país.

Bolivia está viviendo jornadas críticas, por un lado el aumento de los fallecidos por la COVID-19, en concreto 3524 personas y, por otro lado, manifestaciones de sectores sociales que exigen que las elecciones sean el 6 de septiembre y no el 18 de octubre como determinó el organismo electoral del país de forma ilegal.

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